Escrito íntegramente por Freddie Armando Romero Paredes. Luego de que la fiscal suprema chilena, Mónica Maldonado se pronunciara y recomendara la aprobación del pedido de extradición y de que el juez chileno Urbano Marín ordenara el arresto domiciliario del expresidente Alberto Fujimori, en el Perú empezó a sentirse la confianza, la tranquilidad y el gozo de que los crímenes y delitos perpetrados durante el decenio fujimorista no iban a quedar impunes y que las miles de víctimas del régimen autócrata, despótico y opresor iban a quedar sosegadas y satisfechas con la resolución emitida hasta ese entonces.
El ex-mandatario ya tenía las horas contadas para que regrese al Perú, se ponga a derecho, rinda cuentas y asuma responsabilidades por todo lo que hizo. Casos como los de Barrios Altos, La Cantuta, los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE), Borobio - Faisal, la compra de medios de comunicación, la compra irregular de medicinas chinas, el pago ilegal a Montesinos, la corrupción de congresistas tránsfugas, la desviación de fondos y los decretos de urgencia con falsedad material no deben quedar en el olvido y tenían que ser esclarecidos para registrar un hito en la justicia de la historia del Perú porque sino se estaría dando lugar a la impunidad; y, sería una ofensa y una burla al dolor de las personas y familiares de los mártires que padecieron durante el gobierno antidemocrático fujimorista que ocurrió de 1990 a 2000.
Alberto Kenya Fujimori Fujimori gobernó el país durante diez años haciendo uso de artilugios para perpetuarse en el poder y poniendo en práctica recursos bajos, infames y carentes de dignidad para silenciar a aquellas voces que interfirieran con su mandato dictatorial. Asimismo, violentó las libertades ciudadanas llegando a secuestros -como los de Gustavo Gorriti, Abel Salinas, Jorge del Castillo, César Barrera Bazán- y torturas -como contra su esposa Susana Higuchi (ex-Primera Dama de la Nación), Leonor La Rosa y Mariela Barreto- a personas que eran inocentes o que lo único que habían hecho era conformar una oposición capaz de dar ideas, opiniones y sugerencias para el desarrollo y progreso del país. El señor Fujimori, que tenía doble nacionalidad, peruana y japonesa, no tuvo reparos en gobernar a su antojo, sin tener en cuenta al país, la vida y el futuro de todos los peruanos, porque sus medidas repercutieron considerablemente después de que se fugó y renunció vía fax.
Al momento de que se confirmara el fallo de la fiscalía suprema chilena, el partido fujimorista "Alianza para el futuro" empezó a lanzar una serie de amenazas que pondrían a la gobernabilidad y el crecimiento económico del país en peligro. Después, éstas fueron acalladas por el Presidente Constitucional de la República de aquel entonces, el señor Alan García Pérez, quien no dudo en dar garantías para un juicio justo de Fujimori en el Perú, y por distintas bancadas parlamentarias, incluyendo al partido de gobierno. Estas acciones y actitudes fueron el reflejo del nerviosismo y la desesperación que tienen los partidarios del extraditable ante el inminente desenlace que puede resultar del proceso que se siguió.
Cabe resaltar la encomiable labor del Poder Judicial de Chile que durante todo este tiempo vino trabajando en pro de la verdad y la justicia de personas que vivieron en carne propia lo que los chilenos ya habían pasado unos pocos años antes con la dictadura de Augusto Pinochet. La independencia e imparcialidad que han demostrado en cada momento del proceso de extradición es digna de imitar. Más aún el papel decisivo y preponderante que Mónica Maldonado, la fiscal chilena, ha sabido realizar y cumplir con los requerimientos necesarios para efecto de esta causa.
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