Escrito por Freddie Armando Romero. El 5 de febrero de 1975 se recuerda como el “Limazo” o el día en que
ocurrió una huelga policial que remeció todo Lima, debido al maltrato
psicológico y salarial que los policías de Perú venían recibiendo por parte de
las Fuerzas Armadas Peruanas. Mientras que los militares recibían grandes sueldos,
beneficios y gollerías estando frente al poder, los policías se tenían que
conformar con lo poco que estaba destinado a ellos. Se puede llegar a entender
que los policías llegaron a convertirse en verdaderos sirvientes supeditados a
las órdenes de las otras fuerzas del orden. Esto llegó y sobrepasó los límites
cuando el general EP Enrique Ibáñez Burga amonestó y denigró severa e
injustamente a un policía que había permitido a los periodistas acercarse al
dictador Velasco, a quien no le gustaban los flashes y las preguntas y más si
la salud del que gobernaba el país estaba deteriorada. Entonces ese hecho
vergonzoso se esparció como reguero de pólvora de boca en boca a través de los
uniformados y de la ciudadanía en general. En ese momento no fueron necesarios
los medios clásicos ya existentes para que todo el cuerpo de la policía se
uniera y demostrara su solidaridad hacia el personal maltratado. Más bien era
un sentir que embargaba a todos sus miembros y que generaba una identificación
en común que pedía y exigía a gritos dignidad y respeto por una institución, un
uniforme y un trabajo, los cuales eran responsables del cumplimiento de la ley
y el orden en todo el Perú y no solamente Lima. Los policías se sintieron
ofendidos con justa razón, pues habían mancillado su honor y es entonces que se
rebelan el 5 de febrero desde que amanece sin mover ni un dedo y dejando a la
de Dios el desenvolvimiento normalizado de la paz y el orden. Esta situación es
aprovechada por gente paupérrima, amigos de lo ajeno, vándalos, delincuentes y
criminales, quienes al ver que no habían moros en la costa se dejaron llevar
por sus malos impulsos y bajas pasiones y comenzaron a saquear tiendas, centros
comerciales y cualquier negocio o establecimiento que resultara atractivo y
apetitoso para saciar la ambición que cundía dentro de ellos mismos. Después de
varias horas de inseguridad y vértigo, los militares peruanos sacaron a las
calles en horas de la tarde sus tanques y armas para poner orden por las malas
y así evitar que el panorama se degenere y agrave aún más. Tal es así que
detuvieron, forzaron a que la gente de mal vivir devolviera lo robado, los
desvistieron hasta más no poder quitándoles hasta el objeto más pequeño
extraído irregular e ilegalmente. Ese día mucha gente, tanto culpable como
inocente resultó herida, algunos murieron y otros se recuperaron. Arrestaron a
diestra y siniestra. Castigaron a los responsables. Y también se les pasó la
mano en la diligencia como todo gobierno dictatorial. Esto demostró lo bastante
importante y necesario que exista y que actúe una fuerza legal que establezca
el orden y haga cumplir la ley. En
aquel entonces gobernaba el Perú el general de Ejército Juan Velasco Alvarado,
quien había confinado al Perú a vivir en una dictadura usando el abuso, la
opresión y el corte o quiebre de las libertades y los derechos naturales de los
ciudadanos peruanos. La situación de los medios era que estos se encontraban
confiscados por el régimen con la finalidad de controlar la línea editorial, lo
que se publicaba o no para la lectura y el disfrute de la población peruana y
sobretodo la opinión pública. Dirigieron
la huelga policial un sargento y un cabo. Un nutrido grupo de policías se
mantuvo inamovible sin importar nada en el Cuartel de Radio Patrulla de La
Victoria y, al mismo tiempo, a la par, hubo una concentración en la estratégica
y céntrica Plaza San Martín, donde se encontraban a unos pasos muy cerca el
local del Círculo y Casino Militar, el SINAMOS en el Centro Cívico, la Embajada
de Estados Unidos en la Avenida Wilson, Palacio de Gobierno y la Municipalidad
de Lima yendo por el Jirón de la Unión y las redacciones de diarios como El
Comercio, Correo, Ojo y Expreso, los cuales fueron algunos asaltados
salvajemente y otros incendiados. Lo que pedían clamorosamente los
manifestantes era principalmente un aumento sustancial en el sueldo policial y
menos maltratos. Cabe destacar la acción y el gesto del general de la Guardia
Civil Ernesto Olivares Montano que liberó al policía detenido por la gresca con
el general EP Enrique Ibáñez Burga con la finalidad de apaciguar los ánimos que
estaban en su punto más alto de ebullición. El
gobierno del general Juan Velasco Alvarado culpó al APRA, partido político de
tendencia izquierdista fundado en México por Víctor Raúl Haya de la Torre en la
primera mitad del siglo XX, el cual fue muchas veces marginado, discriminado,
vetado y acusado de todo vandalismo y crimen perpetrado en la capital y todo el
Perú por el carácter violentista, agresivo e impulsivo de sus militantes. Cabe
recordar, haciendo un paréntesis y/o acotación aparte que un aprista fue
señalado responsable en su momento de la muerte de los esposos Miroquesada,
dueños del diario El Comercio. El aprismo siempre se relacionaba con algún
crimen brutal y siempre que se presentaba en elecciones era descalificado,
perseguido o interrumpido por algún golpe de estado. La
justificación ante tantos muertos y heridos generados ese fatídico día fue que
el gobierno velasquista responsabilizó principalmente a la CIA, la cual era y
es hasta hoy la Agencia de Inteligencia Americana, y a la ala dura de los
militares conservadores, quienes llegaron en su momento a no confiar más en la
palabra del general Velasco y de la cúpula que lo rodeaba porque ya estaban
cansados de la situación del Perú que se ahondaba y empeoraba más llegando a
ser una crisis insostenible y porque ya era tiempo de dar paso nuevamente al
cauce democrático. Velasco tenía en mente y ya estaba planeando declararle la
guerra a Chile y muchísimos no estaban de acuerdo con esa medida tan arriesgada
y que podía resultar peligrosa y perjudicial para el país y su población.
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